Cuando el Gobierno encargó a una Comisión de juristas la redacción de un nuevo Código Penal, muchos celebramos la iniciativa. El discurso oficial comprometía a que, en contraposición al que fallidamente pretendió imponer el anterior gobierno, el nuevo plexo normativo estaría a la altura de legislaciones que tomaron la lucha contra el delito como política de Estado. Pero la influencia zaffaroniana en los juristas de la comisión no tardó en mostrarse.
Tras el fracasado proyecto de Aníbal Fernández para legalizar la tenencia de estupefacientes por via legislativa, no es novedad que el poderoso lobby gubernamental de ese momento influyó en el fallo CSJN “Arriola”, despenalizándose así por vía pretoriana y de manera imprecisa la tenencia de drogas para consumo personal, puesto que si bien el fallo es único y de naturaleza no obligatoria para otros casos, al emanar del más alto tribunal nacional, hizo que los inferiores lo siguieran, por economía procesal en los más diversos supuestos.
En la práctica, como toda política legalizadora que se conozca en el mundo, este lamentable fallo logró no sólo un aumento generalizado de mini-narcotraficantes disfrazados de consumidores sino la multiplicación de consumidores de drogas -confiados en la errónea idea de legalidad de sus actos-. En la esfera de la seguridad pública la influencia es mayúscula, en altísimo porcentaje de delitos graves la droga es actor principal. En los Estados Unidos se calcula que cerca del 70% del delito violento es provocado por el narcotráfico o narcouso, tanto por reyertas territoriales como por adictos para costear su vicio. Similares cifras trajo recientemente el Procurador de la Suprema Corte Bonaerense, doctor Julio Conte Grand, en su exposición en Usina de Justicia.
En el ámbito sanitario, se produjo una recarga del sistema engrosada por las intoxicaciones y los adictos tratados -o que no tienen dónde tratarse-, a la par de dejar a los jueces de grado sin la herramienta que le otorgaba la ley para derivar al adicto a un tratamiento.
Lejos de remediar esta situación, el nuevo Código recoge el fallo “progre” y lo convierte en ley, en contradicción a su discurso de lucha contra el narcotráfico: está probado que no existe oferta de producto en el mundo que pueda terminarse cuando la demanda crece exponencialmente. Más aún cuando la tenencia para consumo es legal. Y en lo que concierne a que sólo lo sería en las llamadas “drogas blandas”, lo cierto es que ya no hay tales porque incluso la marihuana -con sus manipulaciones genéticas- tiene un poder dañino extremo, como lo han expresado expertos de la Universidad de Harvard reiterada y recientemente, entre otros estudiosos en la materia.
Las legalizaciones han fracasado sistemáticamente en Holanda, Portugal, Colorado (EE.UU) y recientemente ingresa en esta lista Uruguay. En el país vecino, las cifras dadas a conocer en enero del corriente año reiteran los resultados mencionados. Y donde el “innovador” sistema de venta de estupefacientes por el Estado sólo provee al 3% de usuarios-adictos. Un gran negocio para el narco y, tal como advirtiera el ex presidente Sanguinetti, un experimento criminal. Una vez más, esperamos se atienda a estas críticas constructivas y nos alejemos de una vez por todas de una doctrina anacrónica y perniciosa, que nos condujo a este estado de inseguridad, impunidad e injusticia.
Martín Etchegoyen Lynch es Doctor en Ciencias Penales, Ex Fiscal, Miembro de Usina de Justicia.
